En una encuesta de la Universidad de Texas están consultando a académicos de todo el mundo por esta posibilidad. Algo sorprendente en todo sentido si tenemos en cuenta la velocidad de maduración que ha tenido la IA desde que fue presentada al público en torno al 2022.

En el contexto actual, la IA ya participa de la toma de decisiones políticas, administrativas y sociales. Me atrevería a asegurar que a estas alturas son pocos los consultores que se atreven a proponer soluciones sin antes haber pasado (aunque sea brevemente) por una IA. No es de extrañar que en los países con una industria tecnológica desarrollada sean cada vez menos los espacios gubernamentales en donde esta herramienta está ausente. Inclusive en nuestro país, antes de su implementación y regulación efectiva, su aplicación parece inminente, tal es el caso del Código Procesal Civil (Art. 172) que hoy por hoy autoriza el uso de esta tecnología a pesar de que en la actualidad no exista ni un atisbo de ella en las plataformas del Órgano Judicial.

Entonces, ¿puede la IA escribir nuestra próxima constitución?, la respuesta más corta es: No. Pero esta respuesta requiere matices. En los años por venir (o en este mismo momento) organismos como la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC) podría fácilmente utilizar IA para identificar la dualidad de funciones en las instituciones públicas panameñas, los conflictos normativos en la legislación administrativa, e incluso, con un set de datos robusto (como un Manual de Organización del Sector Público actualizado) podría proponer los futuros cambios, fusiones y eliminaciones requeridos para disminuir el tamaño de la burocracia estatal, liberando fondos públicos ocupados en rubros improductivos económica y socialmente.

Siguiendo con la misma idea, es importante señalar que al menos hoy en día la IA no sería un constituyente más en el sentido formal, ya que su comprensión de los aspectos éticos y morales innatos de la naturaleza humana suponen una barrera difícil de franquear. A pesar de esto, la IA podría desempeñar un acompañamiento crucial. La aplicación de la inteligencia artificial en el proceso constituyente podría identificar las principales falencias de nuestra actual constitución partiendo de un análisis constitucional comparado con otros países, así como podría usar los fallos de la Corte Suprema y de organismos supranacionales de Derechos Humanos para enriquecer aspectos como el debido proceso. Además, podría recolectar, ordenar y dar forma a las propuestas ciudadanas que busquen mejorar la transparencia institucional, las libertades civiles o robustecer el régimen democrático.

Parafraseando al Magistrado Olmedo Arrocha, en su más reciente conferencia en el Tribunal Electoral —las políticas públicas no son el rubro exclusivo de unos cuantos… las mismas requieren interdisciplinariedad para alcanzar su cometido de manera efectiva—. En pocas palabras, algo en el constitucionalismo pasa de largo a abogados y se acerca más a los ingenieros. No son pocas las reflexiones que nos quedan pendientes en este campo, como sociedad nos vemos cada día más cerca de preguntarnos ¿Cuál es la legitimidad de este tipo de actos construidos, al menos en parte, por máquinas? ¿En qué medida podremos tolerar esta deshumanización de la ley y del trabajo? ¿Por cuánto tiempo se mantendrá la ética fuera del alcance de la IA? En este caso, como en todos los grandes temas, son más importantes las preguntas que las respuestas.