“Para 2021 de los 36 países que conforman la región de América Latina y El Caribe solo 12 habían estado trabajando en estrategias de transformación digital e inteligencia artificial” (Inteligencia Artificial en Latinoamérica, Windfried Weck).

La primera propuesta presentada en la Asamblea Nacional que intentaba regular hasta cierto punto el tema de la Inteligencia Artificial fue el Anteproyecto 014 de 2023, presentado por participación ciudadana, en su primera presentación por esta vía el proyecto no avanzo para su primer debate, pero el mismo seria presentado más adelante nuevamente.

Por parte de los diputados el Anteproyecto 149 de 2023 fue el primero en ser propuesto. Para entonces las herramientas de Open AI nos maravillaban y asustaban por igual. Este proyecto estaba orientado a fomentar la inversión en materia de Inteligencia artificial antes que, a regular su uso, para esto último disponía de una Comisión especializada que se encargaría de dictar y mantener actualizadas las regulaciones correspondientes. En ese momento no existía legislación clara en la materia y mucho menos un conocimiento sobre los efectos de la regulación en el desarrollo de la IA, no obstante, este servidor al escribir dicho proyecto se enfocó en la atracción de la inversión antes que en los aspectos técnicos. A nuestro parecer la IA está sujeta a cambios tan rápidos que podrían dejar a la legislación obsoleta rápidamente, aunque como el tiempo ha demostrado ya en múltiples ocasiones las empresas que entrenan IA sin regulación suelen valerse de toda clase de violaciones a la propiedad y a la identidad para mejorar sus modelos. Este proyecto paso a mejor vida con el cierre de la última legislatura del periodo pasado.

Tras las elecciones el Anteproyecto 014 de 2023 fue presentado nuevamente por intermedio de un diputado ahora como Anteproyecto 162 de 2024, el mismo recogía una amplia variedad de regulaciones técnicas y éticas en la materia. Se trata de un proyecto mucho más completo que la propuesta original con un enfoque más profundizado y cuya discusión ha prosperado en los foros parlamentarios hasta avanzar al primer debate.

El último en ser propuesto ha sido el Anteproyecto 339 de 2025, que guarda algunas semejanzas con el anterior en su estructura de técnica legislativa, no obstante introduce algunas ordenanzas como la restricción del uso de inteligencia artificial a menores de 18 años, que puede ser restrictiva en exceso y hasta contraproducente, teniendo en cuenta la necesidad de adecuar el sistema educativo a estas nuevas herramientas, donde lo pertinente es familiarizar a los jóvenes con estas herramientas y concientizarlos sobre su uso responsable. Este proyecto también requiere la reubicación de los empleados que, al haber sido reemplazado por una inteligencia artificial, deberán ser reubicados por un periodo de 6 meses antes de que se procese en materia laboral lo que corresponda, esto es en pocas palabras un fuero.

Además de los proyectos antes mencionados la IA se ha mencionado en varias ocasiones en múltiples proyectos de ley orientados a temas variados, desde la medicina a los delitos informáticos, alusiones que evidencian aún más la necesidad de desarrollar una legislación integra para abarcar el asunto.

La legislación panameña en materia de inteligencia artificial pasa indudablemente por la observancia de los acuerdos internacionales en la materia, la legislación pionera de otros países occidentales y una agenda clara por parte del Órgano Ejecutivo respecto a su regulación y promoción.

La discusión legislativa debe apuntar a emular a quienes lideran los principales índices internacionales en materia de inteligencia artificial, comprendiendo nuestro papel dentro de esta industria y dejando de lado aspectos regulatorios que dificulten su uso, aplicación o promoción, para integrar a Panamá al conjunto de países latinoamericanos que están preparados para la próxima gran revolución en la historia de la humanidad.