El uso de las herramientas de inteligencia artificial (IA) se ha extendido de manera acelerada en todos los ámbitos de creación, especialmente en aquellos que implican el uso de computadoras.

El derecho no escapa de esta realidad. A nivel privado existen innumerables herramientas para analizar y sintetizar textos jurídicos, mientras que en los tribunales ya la inteligencia artificial es utilizada por los jueces de forma auxiliar en Colombia (véase Sentencia T-323 de 2024) y de manera masiva para dirimir controversias contencioso-administrativas en Argentina, donde alcanzaron a emitir casi 6.000 fallos.

Panamá está aún lejos de contar con las regulaciones apropiadas en materia de Inteligencia Artificial, no obstante, ya se han presentado proyectos para regularla tanto en el periodo pasado, como en el presente, el intento más reciente corresponde al anteproyecto 162 del diputado Manuel Cheng, que intenta establecer un marco legal de carácter general para su promoción y desarrollo.

Pese a lo anterior, la Inteligencia Artificial pulula hace ya buen rato entre los despachos de la Asamblea Nacional; redacta informes, genera artículos, propone correcciones, desarrolla exposiciones de motivos y sugiere títulos para las leyes. Para aquellos no acostumbrados a trabajar con Inteligencia Artificial, estos proyectos pueden pasar fácilmente por ser un buen trabajo, sin embargo, los análisis más concienzudos pueden detectar el “fantasma en la maquina”.

La Inteligencia Artificial tiene una forma muy característica de escribir que no logra ser disimulada con un mero prompt (una instrucción) que le pida que trate de escribir diferente. Las redes neuronales en las que se basan las principales y más desarrolladas inteligencias artificiales apuestan por la estadística y escriben los textos siempre apostando por las palabras más frecuentes. Lo anterior implica que otra inteligencia artificial puede siempre ser usada para detectar su presencia y dejar en ridículo a aquellos que abusen de su uso.

El problema de usar Inteligencia Artificial en la redacción de proyectos de Ley, está en que si el asesor o el despacho que la utiliza no hace una debida revisión del texto generado puede presentar una propuesta con abundantes excesos de texto reiterativo, impreciso, ambiguo y sumamente genérico. Al no tener un carácter especializado, una AI de uso general proporcionará un texto de uso general, lo que se contraria con el espíritu especializado de ejercicio de la potestad legislativa.

Al no tener la IA acceso a textos bien esquematizados de las leyes y regulaciones panameñas (en formato HTML, por ejemplo), ni bases de datos preparadas adecuadamente con información estadística estatal, mucho menos información respecto a los resultados que proporcionan las políticas públicas implementadas por los gobiernos, sino meros PDF’s desperdigados por internet, su manejo del marco legal panameño es siempre limitado e implica nuevamente la necesidad de ser informada apropiadamente por los equipos de los diputados.

La Inteligencia Artificial sirve como herramienta creativa, nos auxilia en labores repetitivas y aburridas, incluso puede enriquecer la investigación de los proyectos, no obstante, los resultados que proporciona no deben ser utilizados en la creación de las leyes sin una adecuada depuración.

Un uso no controlado de la IA en el parlamento puede llevarnos a una situación en la que esta herramienta legisle de facto en lugar de los representantes elegidos de manera democrática. Pensémoslo. La IA ya hace campañas políticas, redacta propuestas y planes de gobierno. Leer y reflexionar es ahora más importante que nunca. Aquellos que no lo hacen serán los primeros en ser reemplazados.