Con la explosión que afectó el Puente de las Américas nos vemos de repente frente a una realidad que ha estado siempre en nuestras narices pero que hemos preferido ignorar: el país, por su geografía y excesivo centralismo administrativo, es particularmente vulnerable en la zona en torno al Canal de Panamá.

Este punto es la columna vertebral del país a nivel económico y operacional; no obstante esto, no existe una política clara de gestión de riesgos y defensa en torno a infraestructura crítica de este tipo.

Siendo justos, construir políticas de esta clase es particularmente difícil. Regular la infraestructura crítica requiere imponer requisitos particularmente exigentes a contratistas y funcionarios. Además, no es suficiente con la existencia de normas en este sentido; se requiere una fuerte inversión en equipos y un cambio importante de cultura en torno a la seguridad por parte de los participantes.

Frente al panorama geopolítico actual, Panamá debe tomarse en serio la identificación y clasificación de su infraestructura crítica, no solo a nivel material, sino también digital. Los ciberataques pueden dejar inoperativas instituciones fundamentales para el buen desarrollo de las actividades administrativas del país. Desde la perspectiva estatal urge avanzar en la defensa de nuestros datos en instituciones clave como la CSS, la DGI y otras, con las que fácilmente pueden realizarse perfiles íntimos de los ciudadanos. Por otro lado, no menos importante es elevar los requerimientos para empresas que prestan servicios públicos o intervienen de una forma u otra con esta infraestructura. El pleno conocimiento de quiénes son realmente los beneficiarios finales de las empresas que prestan servicios en torno a nuestros principales activos es un requisito ineludible para reforzar la imagen de Panamá como un Estado capaz de proteger el Canal sin intervención de agentes extranjeros.

No hacemos apología del Estado policial, sino que propugnamos un cambio de mentalidad en las entidades que blinden nuestra viabilidad como Estado de infiltraciones graves. En este sentido, no todos los cambios pasan por millonarios desembolsos de presupuesto. A nivel global es conocido que el llamado "error humano" es capaz de doblegar los mejores sistemas de seguridad. Y es que un operador que no es cuidadoso se convierte en la puerta trasera número uno de la infraestructura crítica.

Ahora mismo existen dos propuestas muy interesantes que conviene no perder de vista; por un lado, el Anteproyecto 392 "Ley Marco de Ciberseguridad de la República de Panamá" de la diputada Ariana Coba, que plantea un enfoque integral y amplio respecto al abordaje de la infraestructura crítica. Por otro lado, tenemos el Anteproyecto 401 "Que establece un programa general de buenas prácticas de ciberseguridad en el sector público" del diputado Ariel Vallarino, una propuesta más focalizada en los actores generales del Estado.

Ambas propuestas son ambiciosas y parecen hacer una buena sinergia, pero requieren de la voluntad y buena fe del Gobierno central para ser operativas y funcionales.

Generar políticas públicas en esta materia si el Ejecutivo y el Legislativo no trabajan en "armónica colaboración" es una fórmula para el desastre. Quizá sea hora de usar escenarios como el nuevo Frente Parlamentario de Innovación, Tecnología y Transformación Digital para coordinar políticas más robustas no solo entre actores gubernamentales, sino también con el apoyo del sector privado y la cooperación de gobiernos extranjeros con experiencia en la materia.

Urge un diálogo franco y responsable respecto a la protección de nuestro Estado, su infraestructura crítica y su desarrollo tecnológico. Son muchas las discusiones pendientes sobre el rol de Panamá en el escenario tecnológico global: microprocesadores, centros de datos, inteligencia artificial, cables submarinos, activos virtuales, ciberseguridad, componentes electrónicos y hasta la fabricación de drones. Estamos en el centro por donde cruzan todos esos productos, pero a la vez excluidos e incapaces de incorporarnos a la cadena mundial de suministro más allá del transitismo. Necesitamos un cambio de mentalidad que nos lleve, de la mano de la seguridad, al desarrollo de una política que haga atractivo y competitivo invertir en Panamá en rubros más allá del extractivismo.