Pocas cosas son tan descorazonadoras e inquietantes como descubrir que un hijo es víctima de acoso escolar. Es como darse cuenta de golpe que la pequeña persona que es nuestro hijo, hermano o amigo, tiene repentinamente un gran problema de adulto que no sabe cómo resolver sin ser lastimado o ridiculizado y que, además, teme compartir con nosotros.

Esta es la realidad de muchos chicos, en el mejor de los casos, pues muchas familias de niños y niñas víctimas de acoso escolar no llegan a enterarse del problema sino hasta que este explota, en muchos casos llegando a resultados trágicos como el suicidio.

Si bien es cierto que en Panamá contamos con legislación contra el acoso escolar, ya es bastante evidente que este primer ensayo se ha quedado corto frente a las expectativas y necesidades de padres y estudiantes. De alguna manera, las limitaciones de la Ley y la posición distante con la que el MEDUCA aborda el tema no hacen más que agravar la situación. Mientras por un lado las víctimas deben atravesar el burocrático laberinto de protocolos del ministerio, por el otro, junto a sus padres, deben padecer la frustración y la violencia de un sistema que solo busca disminuir la gravedad del hecho para salir del paso, de docentes que en ocasiones solo quieren desentenderse rápido del asunto y escuelas que carecen de suficientes profesionales en psicopedagogía para atender la raíz del problema.

Hacemos esta afirmación sabiendo que una de las principales quejas al sistema actual es la dificultad para activar efectivamente los mecanismos y procedimientos utilizados en las escuelas para asistir los reportes de bullying. Por otro lado, en casos más delicados como el de niños en condiciones de vulnerabilidad social o discapacidad, se dificulta obtener el apoyo especializado necesario. Todo esto trae consigo un sentimiento de impunidad generalizado y frustración frente a las limitaciones burocráticas que operan en las escuelas y que se suman a las ya difíciles condiciones de crianza con las que deben lidiar las madres y los padres panameños.

Es en medio de esta coyuntura que se hace urgente hacernos una pregunta que importa mucho: ¿Hacemos lo suficiente frente al bullying? Propuestas como la del Anteproyecto de Ley 157, que busca imponer sanciones a escuelas y maestros, crear canales de denuncia anónimos y medidas de transparencia en la investigación de los casos de bullying en las escuelas, incorporando sinergias con entidades como el Ministerio de Salud, los estamentos de seguridad e inclusive los jueces de paz, son un paso en esa dirección.

Este Anteproyecto de Ley 157, denominado “Política Pública de Acción Integral contra el Acoso Escolar y Social”, fue trabajado entre la Organización Global de Prevención Ante el Bullying y el diputado Ariel Vallarino, con el acompañamiento de la Fundación Niños de Cristal y representantes del Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá. Esta propuesta apuesta por dar un paso adelante en el sentido correcto, al plantear respuestas a problemas incómodos para las autoridades, pero críticos para nuestros niños.

Un tema tan importante y polémico no debe pasar sin pena ni gloria en la Asamblea Nacional y requiere de la participación de todos los ciudadanos, padres y estudiantes. Entendamos de una vez por todas que el bullying no solo implica tratar a la víctima, sino tomar medidas orientadas a cambiar el comportamiento del agresor, abordándolo con el apoyo de especialistas (docentes, psicólogos, psicopedagogos, entre otros) y los padres de familia, que también deben involucrarse activamente en esta lucha.

Aprobado en primer debate sin el acompañamiento ni participación del MEDUCA, este proyecto espera ser debatido en el Pleno Legislativo y representa una oportunidad de oro para alejar la violencia de las escuelas panameñas. Sin embargo, para que tenga efectividad real y tangible, requiere del respaldo del Poder Ejecutivo y de la buena voluntad de esta administración en pro del bienestar de la nuestra juventud.

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