Existen debates a lo interno de nuestra sociedad que tienen lugar sobre los valores subyacentes de nuestra Constitución.

Como si de placas tectónicas se tratara, chocan y generan temblores que nos sacuden desde lo más profundo de nuestra nación. Uno de ellos es la constante pugna entre economía y democracia. Si bien parece que señalar tal discusión es una exageración, lo cierto es que en los tiempos que corren, tiene quizá más sentido que nunca. Pasamos de ser una economía de mercado a una sociedad de mercado, lo que acarrea la mercantilización de los aspectos más sagrados de la vida pública. Frente a esto, es necesario recordar la existencia de un tipo especial de “bienes” propios de la democracia, y cuya cuantificación económica no engendra más que deformaciones del aparato democrático.

El voto, la participación en consultas públicas o la facultad de ser elegidos, por mencionar solo algunos, son hoy objeto de la lógica de mercado. Los votos se compran. Las asambleas y consultas públicas se pueden llenar con partisanos. La participación es siempre posible, pero la elección es un privilegio que solo algunos pueden pagar. El problema con permitir la introducción de este tipo de valoraciones económicas en la democracia es que corroe los principios que cohesionan la sociedad y dan legitimidad al régimen político. Si como ciudadanos creemos que parte de nuestra democracia opera como un simulacro, nos será ineludible la idea de sentirnos sometidos a un régimen espurio.

El economicismo es la idea de que las decisiones pueden reducirse a meros cálculos económicos. Michael Sandel habla de esto en su libro “Lo que el dinero no puede comprar”, donde indica con muchos ejemplos cómo esta lógica económica se ha apoderado de la democracia americana; allá, a diferencia de Panamá, no ocurre al margen de la legalidad, sino que constituye una industria boyante. No obstante, la lógica es esencialmente la misma.

La consecuencia de no perseguir y castigar con suficiente energía a aquellos que abusan y se prestan para corromper el sistema genera una deuda que pasa factura a la credibilidad de las instituciones y de la democracia misma. Luego, no sorprende el auge de los autoritarismos caudillistas, que aun siendo nacidos de la democracia, la transgreden en nombre del mayor beneficio para la sociedad.

Allí donde la valoración económica se impone a la valoración ética, las instituciones han fracasado. No importa si se trata o no de un delito, lo cierto es que aquí opera un razonamiento economicista que nos impide apreciar el valor de los derechos y, en cambio, nos fuerza a considerarlos a razón de un precio. Dicho pensamiento se reproduce a lo largo del sistema, se normaliza y se asimila. Está anidado en nuestra conciencia colectiva con una denominación que bien conocemos: “juega vivo”...

La lógica de los derechos y del sistema democrático mismo no puede operar desde una perspectiva económica, pues su papel es precisamente el de servir de contrapeso frente a la desigualdad de los agentes políticos. Esperar que la sociedad se regule a sí misma, como opera un mercado, implica (como ya ocurre) que los agentes económicos más poderosos tengan el peso suficiente para alterar el funcionamiento del sistema en beneficio de intereses propios. La valoración económica de los bienes de la democracia, el economicismo de la participación ciudadana, no nos llevará a otra parte que a la servidumbre.