En este paper hablo un poco sobre la dogmática tradicional del derecho público y como los procedimientos administrativos se han caracterizado históricamente por su formalismo y unidireccionalidad, operando bajo un paradigma donde el Estado concentra y resguarda la información.

Sin embargo, la actual reconfiguración de las relaciones jurídico-administrativas hacia el modelo de Gobierno Abierto no es un mero subproducto de la era digital, sino la consolidación institucional de una profunda tradición filosófica ilustrada. Existe una clara continuidad epistemológica entre el ideal democrático contemporáneo y el "principio de publicidad" formulado por Immanuel Kant en 1795.

Para Kant, la publicidad era la primera garantía de justicia: cualquier acto del Estado que afecte los derechos de los ciudadanos y que requiera mantenerse en secreto constituye, por definición, una amenaza y una injusticia en potencia. Esta exigencia de dar universalidad y escrutinio a los actos del gobierno es el pilar axiológico sobre el cual se sostiene la moderna exigencia de transparencia gubernamental y rendición de cuentas.

La materialización de este principio kantiano requiere de un ecosistema social específico. En este punto, la teoría política se cruza con la concepción de la "sociedad abierta" articulada por Karl Popper (y precedida por Henri Bergson), la cual describe un modelo social moldeado por la creatividad humana y dispuesto a desafiar dogmas preestablecidos. Una sociedad abierta se caracteriza fundamentalmente por el libre flujo de la información y la apertura al cuestionamiento. Sin una sociedad estructurada para examinar y criticar la actuación estatal, la noción misma de Gobierno Abierto resulta funcionalmente estéril.

Es a través de la ética discursiva, planteada por filósofos como Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, donde la transparencia deja de ser un simple trámite burocrático para convertirse en la condición ideal de diálogo y en la base absoluta para la legitimidad normativa y democrática de las instituciones. La traducción práctica de esta filosofía discursiva encuentra un paralelismo analítico fascinante en la teoría de la información y la arquitectura de los sistemas informáticos. El desarrollo inicial del software operaba en entornos cerrados corporativos, donde el código fuente se mantenía opaco y el usuario final quedaba excluido del proceso de creación, limitándose a recibir el producto terminado.

El Estado clásico legislaba y administraba de manera análoga: como un sistema cerrado enfocado en garantizar su viabilidad institucional y los intereses de grupos determinados, relegando al ciudadano a un rol pasivo. La irrupción del código abierto (Open Source) alteró esta dinámica, exigiendo que los bloques de construcción del sistema fueran de conocimiento público, auditables y sujetos a la colaboración colectiva.

Al trasladar esta lógica de apertura (presente en el Open Data, Open Science y Open Parliament) al derecho público, se exige una transformación radical. El Gobierno Abierto impone abandonar el privilegio y la opacidad para rediseñar la administración pública mediante la transparencia activa, la colaboración ciudadana y la co-creación de valor público a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas.

Consultar el paper: Ospina Serna, D. (2026). Principio de publicidad y transparencia: antecedentes y paralelismos del gobierno abierto. De Iustitia Et Lege, 1(2), 269–281. https://doi.org/10.48204/j.iustitia.v1n2.a9204

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