El gobierno abierto es un tema de moda entre los miembros de la sociedad civil. Se ha convertido en un sinónimo de transparencia y rendición de cuentas. Para la administración pública parece un quebradero de cabeza sin solución. No obstante, estos retos, parecen pertenecer más a un ámbito cultural que normativo.

Por otro lado, en Panamá las iniciativas en la materia son organizadas desde las mesas de trabajo de los planes de acción que coordina la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y se circunscriben, principalmente, naturalmente, a temas de liberación de datos.

Sin embargo, en Panamá no existe, al menos a nivel normativo, un buen desarrollo que nos permita entender lo que es el Gobierno Abierto. La resolución DS-3513-2018 lo menciona con brevedad, y recientemente el Anteproyecto de Ley 149, sobre la base del primero, añade tres aspectos puntuales (tomados del memorando de transparencia and open government publicado por la administración Obama en 2009); transparencia, participación y colaboración.

Estas construcciones legales, al menos tal cómo están redactadas actualmente responden a la pregunta ¿Qué es un gobierno abierto?, y no a ¿Qué es el gobierno abierto?, la razón de esto es naturalmente que primero el gobierno abierto se usa como término para referirse al estado de las cosas tal cual aparecen y no para brindar una definición.

Un gobierno abierto (refiriéndonos a una administración) es aquella que implementa políticas de transparencia, cooperación y participación. Pero esta transparencia es de un orden superior al de los datos abiertos; es decir, puede existir un gobierno abierto sin plataformas de datos abiertos. Esto ocurre porque la evolución del gobierno abierto viene principalmente de las políticas de transparencia y acceso a la información que se desarrollaron previo a la tecnología informática que vemos hoy en día, y vienen de un lugar tan lejano como la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa sueca del siglo VXIII, inclusive Kant medito al respecto:

«son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados» y «Todas las máximas que necesitan la publicidad (para no fracasar en sus propósitos) concuerdan con el derecho y la política a la vez» (La paz perpetua, Kant, 1795).

Cuando los antiguos y los modernos hablan de una sociedad abierta, un Estado abierto o de un gobierno abierto, lo hacen desde los mismos principios que usamos hoy en día. Es decir, un Estado que admite ser escrutado y cuestionado sobre sus acciones. Por otra parte, al hablar de gobierno abierto en la actualidad, parece inseparable del aspecto tecnológico de las plataformas de datos abiertos…

La respuesta no corresponde ya a un mero término, sino que ahora pertenece a un concepto. Cuando preguntamos ¿Qué es gobierno abierto?: Es un conjunto de prácticas y políticas públicas implementadas por la administración para fortalecer la transparencia de la gestión, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la colaboración de diversos actores sociales para mejorar el funcionamiento del Estado, por las vías tecnológicas disponibles.

A partir de este concepto entendemos que, toda norma que refuerce la participación ciudadana o la colaboración entre sectores es también una norma de gobierno abierto, pues lo primordial aquí es facilitar la participación antes que el consumo de información. Los datos son la herramienta, pero la colaboración y participación son la única vía. En el futuro Panamá debería optar por desarrollar una Ley integral de Gobierno Abierto y participación pública que desarrolle las muchas lagunas legales se heredan administración tras administración, dificultando la apropiada comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos.