La extinción de dominio deberá ser ordenada mediante sentencia judicial en firme y la misma no generará contraprestación, ni compensación de ningún tipo para su titular o cualquier otra persona que lo detente como tal.

Notas: Se ajusta la redacción del artículo y algunos conceptos del artículo 47 y 48 de la constitución.

Comentario: En la Recomendación de Libertad Ciudadana el párrafo “El patrimonio de las organizaciones terroristas, pandillas y crimen organizado, se presumirá ilícito para efecto de esta ley y no requerirá ser reconocido en una sentencia judicial.” Consideramos que las presunciones en materia de derecho son un tema demasiado delicado como para hacerlo tan genéricamente, por otro lado es abiertamente inconstitucional y contradice el artículo 47 pues este artículo opera de tal manera que exige la comprobación previa de que el bien fue adquirido de forma ilícita y esto se da mediante juicio.

Comentario: Respecto a otras consideraciones sobre este artículo presentadas por otros participantes, consideramos importante aclarar que para que una ley sea de orden público y tenga efectos retroactivos como esta norma pretende, la misma debe decirlo expresamente conforme el artículo 46 de la Constitución y al artículo 11 de este mismo proyecto.

*No estamos de acuerdo con la imprescriptibilidad que se discutirá más adelante.

1. Actividad ilícita: Toda actividad tipificada como delictiva, a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria en firme en la jurisdicción penal.

2. Afectado. Persona natural o jurídica que acredite titularidad sobre un derecho patrimonial o un bien sujeto a esta Ley.

3. Aprehensión material o incautación del bien: Es la medida cautelar material ordenada por el juez de extinción de dominio o excepcionalmente por el fiscal especializado en extinción de dominio, sobre los bienes que hubiese indicios razonables que se originaron, fueron utilizados o que se han de utilizar en actividades ilícitas a las que hace referencia esta Ley para separar del goce, posesión, uso o movilización del bien.

4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

5. Buena fe: Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico de bienes relacionados con los presupuestos enunciados en el artículo 5 de esta Ley.

6. Instrumentos: Bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para las actividades ilícitas.

7. Legítimo: Lícito o conforme a las leyes.

8. Productos: Bienes, frutos, réditos, ganancias o rentas derivadas o provenientes de bienes originados o destinados a actividades ilícitas.

9. Suspensión de la capacidad de disponer del bien: Medida cautelar que se materializa a través de la anotación de una marginal en el registro correspondiente, con el fin de excluir el bien del comercio.

1. Actividad ilícita: Toda actividad tipificada como delictiva en la legislación panameña.

2. Afectado. Persona natural o jurídica que pretenda acreditar la titularidad de un derecho patrimonial respecto a un bien sujeto a los procedimientos establecidos en esta Ley.

3. Aprehensión material o incautación del bien: Es la medida cautelar material ordenada por el juez de extinción de dominio sobre los bienes que hubiese indicios razonables que se originaron o fueron utilizados en actividades ilícitas para separar del goce, posesión, uso o movilización del bien.

4. Bienes: Son todos los activos cualquiera sea su clase, que puedan ser sujetos de apropiación privada, que puedan intervenir en actividades ilícitas, ya sean bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.

5. Buena fe: Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico de bienes en los que el titular actúa con la conciencia de haber adquirido el bien por medios legítimos, que ignora que en su título o modo de adquirir existe vicio que lo invalide.

La buena fe simple aplicará a los bienes cuyo titular sea una persona natural y la buena fe calificada aplicará a las personas jurídicas, quienes deberán demostrar haber aplicado las mejores prácticas en materia de cumplimiento, debida diligencia y gobierno corporativo de acuerdo con los criterios que dicte la autoridad competente de cada sector de la economía.

6. Instrumentos: Bienes utilizados o destinados de cualquier forma, en su totalidad o en parte, a actividades ilícitas.

7. Legítimo: De origen lícito o adquirido conforme a las leyes.

8. Productos: Bienes, frutos, réditos, ganancias o rentas derivadas o provenientes de bienes originados o destinados a actividades ilícitas.

9. Suspensión de la capacidad de disponer del bien: Medida cautelar que se materializa a través de la anotación de una marginal en el registro correspondiente, con el fin de excluir el bien del comercio.

1. En la tipicidad de las acciones consideradas delitos no cabe criterio del juez al respecto pues la determina la Ley, o al menos eso ordena la constitución, quizás quisieron decir ilícita. Se entiende que cuando habla de actividad ilícita para efectos de esta ley no se requiere una sentencia condenatoria, sino únicamente que exista vinculación con una actividad criminal para que dé lugar a investigación.

2. El afectado para los efectos de esta jurisdicción es la persona que sufre las consecuencias de una investigación o un juicio en materia de extinción de dominio, no cualquier titular de un bien.

3. “excepcionalmente por el fiscal especializado en extinción de dominio”: esta frase es inconstitucional, se presta para violar garantías fundamentales y desdibuja los límites entre autoridades fiscal-juez.

“que se han de utilizar en actividades ilícitas”: consideramos que inquirir que un bien podrá ser utilizado en un acto delictivo permite una discrecionalidad poco proporcional con los objetos reales de la ley. Esta clase de libertades son las que hacen que la sociedad perciba como peligrosa esta ley.

4. Esta definición viene de la convención de Palermo sobre el crimen organizado, pero creemos que una redacción más clara de la misma resulta conveniente para nuestra legislación, conforme a la definición de bienes del Código Civil en su artículo 325.

5. Para cumplir los objetivos de esta Ley se requiere diferenciar la buena fe simple de la buena fe calificada, la segunda conviene más aplicarla a empresas o instituciones que por su volumen adquieren valiosas propiedades y pueden servir como medio para lavar activos de fuentes ilícitas. Se ajusta la buena fe simple a la jurisprudencia y se busca afectar lo menos posible a los particulares. Se ajusta al concepto del artículo 419 del Código Civil buena fe.

7. Adquirido conforme a las leyes como dictamina el artículo constitucional que da base a esta Ley.

Duda. ¿Nos preguntamos cómo es posible que tratándose de una jurisdicción autónoma que pretenda ignorar los principios y garantías del sistema acusatorio y también pretenda ignorar los principios y garantías de un proceso civil?

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema Mexicana el principio de inocencia no alcanza al individuo en la jurisdicción de extinción de dominio porque esta solo está limitada a sanciones de tipo penal y administrativo sancionador, lo que justificaría el funcionamiento de la ley en este aspecto, sin embargo el proyecto tampoco se respetan en esta nueva ley los principios protectores de la propiedad que si operan en una jurisdicción civil ordinaria, como la buena fe, misma que si opera en México.[1]

Tampoco comprendemos como tratándose de una jurisdicción autónoma la misma no consigna ninguna clase de principios que rijan las actuaciones en el proceso, debería tomarse como guía lo establecido por el Código Procesal Penal.

1. Bienes originados en actividades ilícitas.

2. Bienes que sean medios o instrumentos de actividades ilícitas.

3. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, salvo que los bienes objeto material sean destinados al restablecimiento de los derechos de las víctimas, o que se trate de bienes que deban ser destruidos, o que por ley tenga una destinación diferente.

4. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

5. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.

6. Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.

7. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

8. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.

9. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuya localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material no sea posible.

10. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando no se acredite el derecho de un tercero de buena fe, exento de culpa sobre el mismo bien.

1. Bienes originados de actividades ilícitas.

2. Bienes que sean medios o instrumentos de actividades ilícitas.

3. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, salvo que los bienes objeto material sean destinados al restablecimiento de los derechos de las víctimas, o que se trate de bienes que deban ser destruidos, o que por ley tenga una destinación diferente.

4. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

5. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de procedencia ilícita.

6. Bienes de origen lícito mezclados o contaminados con bienes de procedencia ilícita.

7. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos solidos que permitan vincular efectivamente su origen a actividades ilícitas.

8. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.

9. Bienes de origen lícito hasta cubrir un valor equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuya localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material no sea posible.

10. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite que no existe el derecho de un tercero de buena fe, exento de culpa sobre el mismo bien.

En consecuencia, la extinción del derecho de dominio procederá también sobre los bienes que forman parte de la masa hereditaria o bienes adjudicados en virtud de procesos sucesorios, cuando correspondan a cualquiera de los presupuestos previstos en el artículo 5.

De hecho, este artículo solo puede mantener esta redacción conservando el carácter imprescriptible de la acción.

Recomendamos limitar la acción en el tiempo en un plazo razonable para las autoridades de investigación y que respete los derechos de los individuos a no vivir sometidos a un continuo escrutinio de su privacidad.

Se respetarán las garantías consignadas en la constitución Política y los tratados internacionales suscritos por la República de Panamá en materia de Derechos Humanos.